Bolivia CRPFM 2025 (Climate Annex)

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Existe evidencia que respalda la elaboración de planes sectoriales de mediano plazo, los cuales reflejan las prioridades contenidas en la Políticas Plurinacional de Cambio Climático, el PDES, y las CDN; sin embargo, estos planes han sido costeados de forma general o incompleta. Además, no se presenta desarrollo en los otros requisitos sobre la alineación del presupuesto con las estrategias de cambio climático, como lo son: la identificación de planes de inversión pública relacionados con cambio climático; proyecciones de gasto en cambio climático; incorporación de gobiernos subnacionales a las políticas de cambio climático; identificación de brechas de financiamiento climático; informes de riesgos ficales considerando cambio climático; y la mecanismos de coordinación para la gestión de iniciativas de cambio climático.Así, la GFP del Estado Plurinacional de Bolivia, en relación con las políticas de Cambio Climático cumple con uno (1) de los requerimientos básicos de alineación entre la planificación y el presupuesto.

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Notes:
Las herramientas para realizar un seguimiento sistemático y efectivo del gasto relacionado con el cambio climático, no se han desarrollado. Para el periodo fiscal analizado, aún no se cuenta con una metodología o definición de gasto en cambio climático que permita determinar el gasto en las iniciativas de mitigación y/o adaptación que se están llevando a cabo.En ausencia de una definición de gasto en cambio climático, no es posible realizar un seguimiento efectivo del gasto climático y su impacto, tanto a nivel central como en las ETAs. De igual manera, no se evidencia la elaboración de informes de gasto y de ejecución presupuestaria en esta materia, que puedan ser de utilidad en la elaboración del presupuesto, en el cálculo de brechas para la consecución de las metas nacionales de cambio climático, o la evaluación de las políticas públicas ejecutadas.Sólo se cumple con el elemento adicional número 6.

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Notes:
Las directrices presupuestarias y los instrumentos para la formulación del presupuesto muestran un desarrollo incipiente en temáticas relacionadas con el cambio climático y la consecución de objetivos climáticos expresados en la CDN. Esto cobra aún más validez en la medida en que la definición de gasto de Cambio Climático adoptada para la gestión 2024 aún no se ha desarrollado a profundidad y se ve reflejada no solo en la función “5.7 Cambio Climático” del clasificador presupuestario por finalidad y función, sino también en las funciones 5.1 a 5.6 correspondientes a la finalidad “Protección del Medio Ambiente”.

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Notes:
El escrutinio legislativo del presupuesto relacionado con el cambio climático no cumple con los elementos establecidos en esta dimensión.

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No se cumplen los elementos de calificación para esta dimensión. No es posible evidenciar la existencia de un análisis por parte de la ALP sobre los informes de gasto relacionados con el cambio climático.

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Notes:
El marco regulatorio de la inversión pública para el cambio climático se encuentra incompleto, por una parte, se cuenta con un sistema y requisitos para una adecuada evaluación de impacto ambiental, sin embargo, el marco normativo y regulatorio solo menciona el análisis de riesgo de desastres y no se hace referencia a una evaluación de GEI.

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Las disposiciones metodológicas para incluir la mitigación y adaptación al cambio climático en la evaluación de los proyectos de inversión pública no han sido desarrolladas. Por lo cual no se cuenta con una guía o metodología que indique el proceso para realizar un análisis de gestión del riesgo en infraestructura y una estimación de la emisión de GEI.

Notes:
La priorización de proyectos solo cuenta con estándares generales para establecer el orden de proyectos, dejando que cada sector establezca sus prioridades en materia de inversión pública, por lo tanto, no se encuentran criterios de priorización documentados y uniformes que tengan relación con cambio climático, y no es posible asegurar que las entidades utilicen criterios de cambio climático para priorizar sus proyectos de inversión pública.

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El Subsistema de Evaluación de Resultados aún no ha incorporado directrices para el reporte de objetivos, metas e indicadores relacionados con cambio climático para la ejecución de proyectos de inversión pública.

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La gestión de activos no financieros para el cambio climático se ha desarrollado de forma desigual, por una parte, la infraestructura pública crítica no se encuentra en un registro integral que permita la identificación de su exposición, vulnerabilidad y amenazas relacionadas con el cambio climático. Por otra parte, existe un desarrollo en el ámbito de la información forestal, de aguas superficiales y subterráneas que permite la identificación de estos recursos, sin embargo, aún falta profundizar estas herramientas para otorgar una visión íntegra de estos activos no financieros y su gestión frente a los efectos del cambio climático.

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No se realizan informes de riesgos fiscales que incluyan los riesgos relacionados con el cambio climático.

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El marco normativo y regulatorio permite la emisión de deuda pública para gestionar los pasivos generados por amenazas naturales o eventos climáticos extremos para las entidades del Gobierno central, pero estas disposiciones no se encuentran claramente establecidas para las empresas públicas.

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Notes:
El desempeño es inferior al requerido para obtener la calificación de C. El marco normativo de las políticas para adquisiciones públicas en Bolivia no contempla criterios específicos para la inclusión del cambio climático. A pesar de contar con el DS N°0181, que establece los principios de “economía, eficiencia, transparencia y legalidad” en los procesos de contratación, este marco no incluye objetivos ni lineamientos para la sostenibilidad ambiental o la adaptación climática. Asimismo, no existe una política institucional específica de compras sostenibles que haya sido implementada en los organismos estatales.

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El sistema actual de adquisiciones públicas en Bolivia carece de mecanismos y criterios específicos que integren consideraciones climáticas en las fases de planificación, adjudicación y ejecución. A pesar de contar con el SICOES como plataforma de gestión, no se utilizan estándares referidos al cambio climático en las especificaciones y requisitos de las licitaciones, lo que limita la capacidad del sistema para implementar adquisiciones ambientalmente responsables.

Notes:
El sistema actual de seguimiento de las adquisiciones públicas en Bolivia presenta limitaciones que impiden garantizar el cumplimiento de los requisitos de cambio climático establecidos en los contratos. Aunque el SICOES es la plataforma oficial para la gestión de estas adquisiciones, actualmente no se incluyen estándares específicos relacionados con el cambio climático en las especificaciones y requisitos de las licitaciones.

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El sistema actual de informes sobre adquisiciones públicas en Bolivia no se ha desarrollado en relación con la inclusión de información sobre cambio climático y compras adquisiciones de emergencia.

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No existen elementos para evaluar esta dimensión.

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No existen elementos para evaluar esta dimensión.

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Los sistemas de control del gasto público que se utilizan regularmente cubren las transacciones relacionadas con el cambio climático y se llevan a cabo auditorías a los sistemas de control de las entidades del Sector Público que ejecutan presupuesto relacionado con cambio climático, sin embargo, el sistema de control no es eficaz, y la cobertura respecto al gasto de cambio climático es parcial.

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Es posible evidenciar la realización de auditorías internas de carácter financiero que abarcan parcialmente los EEFF de entidades relacionadas con el cambio climático.

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El marco normativo y regulatorio no otorga roles, atribuciones y responsabilidades significativas a los gobiernos subnacionales en materia de cambio climático.

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No se realizan transferencias significativas que se encuentren condicionadas a la realización de iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático en los gobiernos subnacionales.

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Los mecanismos de GFP para el cambio climático no se han desarrollado en profundidad en el gobierno central, lo cual también afecta su desarrollo e implementación a nivel de gobiernos subnacionales.

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Las iniciativas y programas de cambio climático tienen asignados objetivos y metas de desempeño en concordancia con los planes nacionales de cambio climático, sin embargo, la medición de estas es parcial y no se presenta al Poder Legislativo para su consideración durante la formulación del presupuesto.

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Es posible evidenciar la elaboración de un informe de desempeño sobre las metas alcanzadas de cambio climático para el período 2021-2022, además de un informe de medio término del PSDI relacionado con el sector agua, sin embargo, estos informes no son presentados ante el Poder Legislativo para su consideración.

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Las evaluaciones del Sistema de Control Externo de la CGE muestran que las auditorías ambientales de desempeño son limitadas en relación con los programas, acciones y proyectos de inversión pública de cambio climático que se realizan por lo cual no se cumple con los criterios mínimos de evaluación.

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No existen impuestos de cambio climático, por lo tanto, esta dimensión no es aplicable

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Notes:
Esta dimensión no es aplicable.

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Esta dimensión no es aplicable.